InformaUvaANDREA MARCILLA CARRANZA | Fotografía: Mayela de Castro |
Los medios generalistas digitales están cambiando sus sistemas de financiación desde hace unos años. El primero en hacerlo fue El Mundo (en 2019), seguido de El País (el 1 de mayo de 2020) y El Confidencial (el 21 de junio de ese mismo año). Esta nueva tendencia emprendida por los medios se basa en el pago a través de suscripciones. Se trata de la mejor alternativa a las pérdidas de la prensa escrita en papel. A todo esto se debe sumar que el 65% de la publicidad digital se encuentra en manos de Google y Facebook, mientras que el porcentaje de españoles que optan por estos medios digitales se reduce al 10%.
Dentro de los medios existen múltiples opciones como la posibilidad de acceder a contenidos ilimitados a cambio de la suscripción o, incluso, la restricción de la lectura de los artículos más extensos a través del denominado modelo freemium. Consiste en un modelo de negocio que ofrece una serie de contenidos gratuitos limitados y, a cambio de la suscripción, muestra otra de servicios más extensos y detallados. Desde hace ya un tiempo, los portales más significativos a nivel nacional e internacional lo utilizan.
Otro de los métodos de atracción de lectores y, en consecuencia, de financiación es el publirreportaje. A través de este texto periodístico, los medios de comunicación consiguen tener una presencia más favorable en las plataformas digitales, además de visibilizar e impulsar las organizaciones o casos que relatan en los mismos.
Tal es la necesidad de financiación que algunos grupos empresariales, como Libertad Digital, se han visto envueltos en casos de corrupción como la trama Gürtel. La emisora de este grupo, esRadio, recibió en el año 2009 alrededor de 93.000 euros sin apenas experiencia ni audiencia. El Gobierno invirtió está cantidad de dinero en publicidad institucional. Esto ha provocado importantes problemas legales al medio, que se han prolongado hasta la actualidad.
Ante estos puntos, la cuestión que se plantea es si todo vale por la propia financiación de los medios. En los anteriores casos mencionados se observa cómo la obtención del dinero prima por encima del derecho de información de los ciudadanos. Si bien es cierto que los periodistas necesitan un respaldo económico para subsistir y continuar con su trabajo, los lectores también deberían tener el derecho de acceso a la información de forma gratuita.
Todo esto se debe a que, desde sus inicios, el periodismo se ha presentado a la población como, prácticamente, un servicio público, con matices de privatización. Es por ello que existen ciertas regulaciones: todos los ciudadanos tienen derecho a mantenerse informados, atendiendo a la verdad.
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