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ESTÍBALIZ DOMOSTEGUI RUIZ | Fotografía: Pixabay
La integración laboral de las personas con discapacidad en España continúa siendo uno de los principales desafíos del mercado de trabajo y de las políticas públicas de inclusión. A pesar de que se ha avanzado mucho en cuanto a la normalización y una mayor sensibilización social en los últimos años, los datos oficiales del Estado y del Instituto Nacional de Estadística (INE), reflejan que aún existen importantes brechas en empleo, actividad y salarios respecto a la población sin discapacidad.
En 2024, la tasa de actividad de las personas con discapacidad de entre 16 y 64 años se situó en el 35,4 %. Este dato refleja que más de la mitad de las personas con discapacidad en edad laboral, permanece fuera del mercado de trabajo. La tasa de empleo alcanzó el 28,9 %, después de aumentar 0,4 puntos, mientras que la tasa del paro descendió hasta el 18,5 %, 1,2 puntos menos que en el ejercicio anterior. Aunque la evolución muestra una mejora, estas cifras permanecen muy por debajo de la población sin discapacidad.
La brecha salarial es otro de los aspectos que evidencian la desigualdad actual. Según los datos oficiales correspondientes a 2023, el salario medio anual bruto de las personas trabajadoras con discapacidad fue de 23.159,7 euros, un 5,1 % más que en 2022. Sin embargo, esta cifra representa únicamente el 82,1 % del salario medio anual de las personas sin discapacidad 28.207,8 euros. Esta diferencia salarial destaca que hay tanto menores oportunidades laborales, como una mayor concentración en empleos de menor remuneración.
En 2023, el 10 % de las personas relacionadas con la Seguridad Social tenían reconocida una discapacidad del 33 % o mayor. De estas personas el 76,4 % percibía exclusivamente una pensión contributiva, mientras que solo el 11,4 % figuraba únicamente en situación de alta laboral, por lo que se entiende que son personas que tienen una gran dependencia de las prestaciones económicas frente a la participación activa en el mercado de trabajo. En cuanto al ámbito territorial, el INE contabiliza en Castilla y León 95.600 personas con discapacidad, lo que representa un 6,6 % de la población de la comunidad.
Los datos oficiales reflejan que, aunque se han producido diversos avances en los últimos años, la inclusión laboral completa las personas con discapacidad sigue siendo una meta a largo plazo. Los expertos insisten en la necesidad de reforzar las políticas de empleo, impulsar la contratación en empresas y garantizar medidas razonables que eliminen obstáculos físicos, sociales y culturales. La integración laboral no es solo una cuestión económica, sino un derecho fundamental.
Raúl Milán
Helena Masedo
