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IKER SANSEGUNDO HERNÁNDEZ | Fotografía: Unsplash
A finales de febrero de 2026, en una prisión a las afueras de Caracas, varios hombres tomaron una decisión extrema. Dejaron de comer. No fue un gesto simbólico ni una protesta pasajera. Fue una huelga de hambre que empezó dentro de El Rodeo I y que rápidamente volvió a colocar en el centro del debate la situación de los presos políticos en Venezuela.
Más de doscientos reclusos se sumaron a la protesta el 22 de febrero. Muchos llevaban años encarcelados. Algunos habían participado en protestas, otros estaban vinculados a la oposición política. Sus historias son distintas, pero todos compartían una misma sensación: la nueva ley de amnistía aprobada ese mismo mes no les incluía.
Cuando la noticia llegó a la cárcel, la esperanza duró poco. La ley prometía liberar a personas detenidas por motivos políticos, pero al leer los detalles muchos presos descubrieron que sus casos quedaban fuera. Algunos por el tipo de delito que se les atribuye. Otros por el periodo en el que fueron detenidos. La promesa de libertad se convirtió, para ellos, en otra puerta cerrada.
Fue entonces cuando decidieron protestar.
En total, alrededor de 214 internos iniciaron la huelga de hambre. Algunos fueron más lejos y dejaron también de beber agua durante horas o días, algo que preocupa especialmente a sus familias y abogados. En prisión, este tipo de protestas suelen ser el último recurso. Cuando alguien decide dejar de comer, normalmente es porque siente que ya no tiene otra forma de hacerse escuchar.
El debate sobre los presos políticos en Venezuela lleva años abierto. La organización Foro Penal calcula que todavía hay alrededor de 568 personas encarceladas por motivos políticos en el país. El gobierno sostiene que la cifra es menor y defiende que la amnistía ha permitido liberar a varios detenidos.
Entre esas dos versiones se mueve una realidad compleja, marcada por la desconfianza política y por un sistema judicial que organizaciones internacionales llevan tiempo cuestionando.
Entidades como Amnesty International han pedido la liberación de las personas detenidas por razones políticas y reclaman garantías básicas como juicios justos y respeto al debido proceso. También advierten de las condiciones en las cárceles y de la presión que sufren muchos presos y sus familias.
Mientras tanto, dentro de la prisión, la huelga de hambre continúa siendo una forma silenciosa de protesta. No hay pancartas ni manifestaciones. Solo cuerpos que dejan de comer para enviar un mensaje.
Y ese mensaje es sencillo: si la amnistía no llega hasta quienes siguen esperando entre rejas, entonces la pregunta sigue en el aire. ¿A quién está destinada realmente esa libertad prometida?
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