JAVIER PÉREZ FRAILE | Fotografía: Pixabay
Durante mucho tiempo se ha asumido que tener un trabajo era sinónimo de estabilidad y seguridad. Hoy, esa idea se tambalea. Cada vez más personas cumplen con sus jornadas laborales y, aún así, viven con ingresos insuficientes para cubrir necesidades básicas. Cuando el empleo deja de garantizar una vida digna, la cuestión empieza a ser común y se convierte en un problema de derechos humanos.
El trabajo ya no asegura estabilidad
El empleo ha sido históricamente la principal herramienta de inclusión social. Sin embargo, esa función debilita. Datos de Eurostat muestran que un número creciente de trabajadores en Europa se encuentra en situación de vulnerabilidad económica, especialmente jóvenes y personas con contratos temporales.
En España, organizaciones como organizaciones como Oxfam Intermón alertan de que muchas personas con empleo viven con salarios muy bajos, jornadas parciales no deseadas o contratos temporales e inestables que dificultan la planificación con vistas a futuro.
Trabajar y, aún así, no llegar a fin de mes no es una anomalía del sistema que ocurre en casos concretos, sino una consecuencia directa de un mercado laboral que prioriza la flexibilidad sobre la seguridad. Cuando normalizamos este hecho, estamos aceptando que el empleo ha perdido su capacidad de “protección” y que es un elemento que ya no garantiza ningún tipo de seguridad.
Ingresos insuficientes y malas condiciones laborales
El derecho a la obtención de unas condiciones laborales justas está reconocido en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, y establece que todo trabajador tiene derecho a trabajar en condiciones que respeten su salud, seguridad y dignidad. Además, en el artículo 40 de la Constitución Española se reconoce que los poderes públicos velarán por la seguridad e higiene en el trabajo y garantizarán el descanso necesario.
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha advertido de que el aumento del coste de la vida no se ha visto acompañado por un crecimiento proporcional de los salarios ni por una mejora de las condiciones laborales, lo que sitúa a muchas personas trabajadoras en situación de fragilidad económica.
Cuando una persona trabaja y aún así no puede acceder a recursos básicos, como son una vivienda, alimentación, higiene, etc. no se trata de falta de esfuerzo. Es una señal clara de que el sistema está fallando en garantizar derechos fundamentales.
El desgaste invisible de la precariedad
La inseguridad económica no solo afecta al bolsillo. Vivir pendiente de llegar a fin de mes genera estrés, cansancio y una sensación constante de culpa individual. El discurso dominante insiste en la responsabilidad personal, mientras que no se tienen en cuenta los factores estructurales que también influyen en esta situación.
Según el informe “El Estado de la Pobreza en España” de la EAPN, una parte significativa de las personas en situación de vulnerabilidad económica tiene empleo, lo que demuestra que trabajar no siempre protege frente a la exclusión social.
Defender salarios dignos, estabilidad laboral y protección social no es una cuestión ideológica, sino una exigencia básica de derechos humanos. Porque el trabajo debería permitir vivir con dignidad, no sobrevivir con incertidumbre.
