Análisis sobre las certezas, los bulos y las implicaciones legales tras la nueva medida de las ayudas al cine
LAURA CUADRADO TUHRINSKA | Fotografía: Pixabay
¿Cuál es realmente la medida que ha tomado el Consejo de Cultura?
La Consejería de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta de Castilla y León ha publicado dos órdenes reguladoras, convocando subvenciones públicas destinadas al sector de producción de largometrajes y cortometrajes.
En la redacción de ambas incluye un criterio donde se pide que no se financie con fondos públicos “actuaciones que impliquen adoctrinamiento ideológico, propaganda partidista o apoyo expreso a opciones políticas concretas”. El objetivo es respetar la “objetividad, neutralidad institucional pluralismo y servicio al interés general”
Verdades y bulos sobre el caso
Esta medida es real y es una orden que fue publicada el 9 de octubre en el Boletín Oficial (BOCyl). Aun así, se desconoce quién determina si una producción cae en “adoctrinamiento” o “propaganda”.
Por otro lado, el Ministerio de Cultura ve signos que puedan afectar a la libertad de creación y expresión, además de riesgo de censura, vulnerando derechos fundamentales. Por lo que ha decidido presentar un requerimiento para abrir una impugnación judicial.
Ahora bien, tras presentar los hechos y contrastar la información, la noticia ha generado cierta polémica en redes. Tergiversando los hechos y difundiendo datos que no son ciertos. El bulo que más se ha visto circulando ha sido la prohibición y exhibición de “La bola negra” en Castilla y León. Afirmando que a partir del 27 de octubre se dejará de proyectar. Asimismo, fuentes de la Consejería han desmentido y negado esta acción. La película de hecho sigue estando en cartelera ahora y después del día de la supuesta prohibición.
Análisis sobre la legalidad de la medida
Una vez conocidos los hechos, es necesario saber hasta que punto es legal la medida que se está empleando. El debate no habita en si es posible negar o no estas subvenciones, sino a que derechos constitucionales afecta:
La impugnación del Ministerio permitirá la revisión y el análisis de esta medida para que se pueda resolver la situación de la mejor manera posible. Garantizando que el reparto de ayudas públicas no quede bloqueado por causas políticas.














