AINHOA ORTEGA GUTIÉRREZ | Fotografía: Pixabay |
El pasado 28 de octubre, la Policía de Río de Janeiro realizó un operativo en 2 favelas que dejó alrededor de 121 muertos, entre los que se incluyen 4 agentes, además de un alto número de civiles heridos. Se trata del «mayor operativo de las fuerzas de seguridad de Río de Janeiro», según ha explicado el gobernador del territorio, Claudio Castro, aliado político del expresidente Jair Bolsonaro.
Sin embargo, la elevada cifra de fallecidos ha suscitado las críticas internacionales: ¿con quién se enfrentó la Policía?
El Comando Vermelho
Comando Vermelho («vermelho» significa rojo en portugués) es el grupo criminal más antiguo de Brasil. Nació durante la dictadura militar brasileña en 1979, en una alianza entre presos comunes y políticos de izquierda encarcelados por razones políticas que en un inicio buscaban mejorar sus condiciones dentro de la cárcel de Río de Janeiro. Rápidamente pasó a ser una organización miliciana izquierdista que arribó a las calles de la ciudad durante la amnistía postdictadura.
El comando se implicó en el narcotráfico como fuente principal de financiación, extendiendo sus contactos hasta Colombia en una época donde la producción de cocaína estaba al alza. Esto supuso consecuencias al llevar el tráfico de drogas a los barrios más pobres de Río de Janeiro. Ya en la década de 1990 dejaron la ciudad y se fueron expandiendo por otros territorios del país.
En la actualidad, Comando Vermelho se dedica al tráfico internacional de cocaína, marihuana y armas. Según Insight Crime, la organización cuenta con 30.000 hombres en sus filas. No obstante, se trata del segundo grupo criminal más poderoso de Brasil; el primer puesto lo ocupa el Primer Comando de la Capital (PCC).
La explicación del gobierno
La megaoperación ocurrida el martes 28 de octubre ha contado con el despliegue de 2.500 policías, que se ha centrado especialmente en 2 favelas de la ciudad, Complexo da Penha y Complexo do Alemão. Según un estudio de la Universidad de Cambridge, 1 de cada 4 millones, aproximadamente 50 millones de personas, viven en barrios dominados por el crimen organizado.
El objetivo central del operativo era el capo Edgar Alves de Andrade, apodado «Doca», quien tenía varias órdenes de arresto. Además, se contaba con 180 órdenes de captura y 100 pedidos de prisión. El operativo se planeó durante más de 2 meses luego de una investigación que duró más de 1 año, según informó el gobernador en una conferencia de prensa.
Los enfrentamientos obligaron a suspender clases en 45 centros educativos y desviar líneas de autobuses. En un momento dado, miembros de la organización tomaron a mano armada vehículos de la red pública para formar barricadas con ellos y evitar que la policía llegase a ellos. También han arremetido contra los agentes con granadas lanzadas desde drones.
Según la cifra oficial, se incautaron 93 fusiles al grupo armado. En los últimos años, los diferentes grupos se han hecho con estas armas, facilitando su poder de control sobre territorios, aumentando confrontaciones y poder de fuego contra la policía y otras organizaciones. Esto obliga al gobierno a utilizar elementos especiales, como pueden ser coches blindados, para entrar en barrios dominados por estos.
El gobernador de la ciudad denunciaba que «Río está solo en esta guerra», criticando la falta de apoyo del presidente Lula da Silva y pidiendo ayuda a las Fuerzas Armadas.
Cláudio Castro inició su carrera política en el Partido Social Cristiano, pero después de las elecciones de 2018 pasó a formar parte del Partido Liberal, el mismo al que pertenece el expresidente Jair Bolsonaro. Al menos 2 tercios de las principales matanzas ocurridas en Río de Janeiro han ocurrido durante la administración de Castro. El megaoperativo acontecido en Río supera al de 2021, en donde murieron 27 personas, convirtiéndose en el más mortífero de Brasil.
¿Cuál es el posicionamiento de Lula da Silva?
En una rueda de prensa, el presidente del gobierno ha calificado el operativo como «desastroso» y exige que se inicie una investigación sobre la operación policial: «La orden del juez era una orden de arresto, no una orden de matanza, y hubo una matanza».
Recordemos que Brasil es un Estado federal, es decir, que el país está compuesto por varias unidades federativas (estados, municipios y el Distrito Federal), que cuentan con autonomía política, administrativa y financiera.
Esto quiere decir que los hechos acontecidos el 28 de octubre son un accionar del gobierno estatal, no federal. Lula da Silva no cuenta con control directo sobre la policía militar ni las decisiones de los estados, aunque puede manifestar estar en desacuerdo y pedir investigaciones si hay un abuso.
El baño de sangre ha empañado la cumbre mundial del cambio climático, la COP30, que se celebrará del 6 al 21 de noviembre en el país.
Queda por ver qué acciones se llevan a cabo para determinar si el operativo benefició a la población o si, por lo contrario, hubo poca eficacia por parte de la administración de Cláudio Castro.
