IKER SANSEGUNDO HERNÁNDEZ | Fotografía: Wikimedia Commons
El Salvador ha abierto un debate que traspasa sus fronteras. Desde finales de marzo, la legislación del país permite condenar a menores de edad a prisión de por vida. La medida, impulsada por el Gobierno de Nayib Bukele y aprobada por la Asamblea Legislativa con amplia mayoría, sitúa la edad mínima en 12 años. Un cambio que ha provocado una reacción inmediata de organismos internacionales y organizaciones de derechos humanos.
Las reformas amplían el endurecimiento penal que el Ejecutivo viene defendiendo desde hace años. Hasta ahora, la cadena perpetua se aplicaba a adultos condenados por delitos graves. Con la nueva normativa, ese castigo también puede recaer sobre adolescentes. El argumento del Gobierno es que las pandillas han utilizado a menores para cometer crímenes, y que endurecer las penas busca cerrar esa vía. Sin embargo, la decisión ha encendido las alarmas entre expertos que advierten de sus implicaciones.
Desde Naciones Unidas se ha pedido revisar con urgencia la medida. La preocupación principal es que condenar de por vida a menores choca con los estándares internacionales que priorizan la reintegración y la rehabilitación. El foco también está en cómo se revisarán estas condenas. Según el texto aprobado, los casos podrían revisarse, por lo general, después de 25 años de cumplimiento efectivo. Para organismos internacionales, este plazo resulta excesivo tratándose de personas que fueron condenadas siendo prácticamente niños.
La reforma no llega en un vacío político. Se aprueba en pleno estado de excepción, vigente desde marzo de 2022, que ha permitido detenciones masivas en el marco de la lucha contra las pandillas. Este contexto es clave para entender el giro punitivo del país. El Gobierno sostiene que las medidas han reducido drásticamente la violencia. Sus críticos, en cambio, denuncian detenciones arbitrarias, hacinamiento carcelario y falta de garantías judiciales.
Las cifras alimentan el debate. Organizaciones de derechos humanos señalan que decenas de miles de personas han sido detenidas durante este periodo, muchas de ellas sin condena firme. También alertan de muertes bajo custodia y de condiciones penitenciarias extremadamente duras. Estos datos han sido utilizados por distintos colectivos para advertir de los riesgos de seguir endureciendo el sistema penal sin reforzar los mecanismos de control.
Además, un grupo internacional de expertos ha presentado un informe en el que apunta a posibles violaciones graves de derechos humanos. Según sus conclusiones, no se trataría de episodios aislados, sino de una dinámica sostenida en el tiempo. Este tipo de acusaciones incrementa la presión internacional sobre el Gobierno salvadoreño, que insiste en que sus políticas cuentan con respaldo popular.
Bukele ha defendido la reforma con firmeza. El presidente sostiene que las normas anteriores facilitaban que las pandillas reclutaran a menores al saber que las consecuencias penales eran menores. Desde su perspectiva, endurecer las penas es una herramienta necesaria para frenar esa estrategia. La discusión, por tanto, enfrenta dos visiones muy distintas. Una prioriza la seguridad y el castigo como disuasión. La otra insiste en que, tratándose de menores, el objetivo debe ser siempre la reinserción.
El caso salvadoreño se suma a un contexto internacional en el que algunos gobiernos optan por políticas cada vez más duras en materia de seguridad. Para varias organizaciones, esta tendencia pone en cuestión el equilibrio entre orden público y protección de derechos fundamentales. Con la posibilidad de imponer cadena perpetua a partir de los 12 años, El Salvador se sitúa en el centro de ese debate y abre una discusión que difícilmente se cerrará a corto plazo.
