ALBERTO DOMINGO SÁEZ | Fotografía: Ainhoa de la Huerga |
La nueva ley educativa trae consigo diversos cambios que afectan a los estudiantes. Algunos de sus objetivos son los de potenciar la enseñanza pública y limitar las repeticiones. También busca reequilibrar las competencias entre el Gobierno y las comunidades y quitar al castellano la condición de lengua vehicular.
El Congreso de los Diputados la ha aprobado por segunda vez. Lo ha hecho por tan solo un voto de diferencia. Esta ley ha creado mucha polémica entre distintos partidos políticos y ha supuesto un punto de inflexión para el actual gobierno de coalición. Tras todos los problemas, esto ha supuesto un gran paso.
Pero, ¿cuál es el problema ahora? Hay partidos que la recurrirán y cabe la posibilidad de que esta petición llegue al Tribunal Constitucional, pues hay una falta de referencia clara respecto al uso del castellano como lengua vehicular. Sucede también así con la supresión del reconocimiento de la lengua castellana como oficial en todo el territorio español.
La mayor parte de las medidas que se han tomado están centradas en el ámbito escolar de la ESO y Bachillerato, pero donde más afectará será a la hora de acceder a la universidad. Se recuperará la anterior Prueba de Acceso a la Universidad (PAU). Será necesaria la superación de una única prueba que, junto con las calificaciones de Bachillerato, valorará la madurez académica, conocimientos adquiridos y capacidad para comenzar con éxito la etapa universitaria.
Por lo tanto y al igual que en años anteriores, será necesario superar una prueba para dar el salto a la vida universitaria. Este no es un cambio muy notable para la educación actual, pero el problema llega a la hora de hablar del idioma en la universidad. En algunas comunidades autónomas de España, como País Vasco o Cataluña, el castellano no es la única lengua oficial. Esta modificación conduciría a que algunos grados universitarios no tengan por qué impartirse en castellano.
De manera más indirecta, esto supondría también una pérdida de la movilidad de estudiantes por las distintas comunidades autónomas. Aunque la diversidad de lenguas en España es un privilegio del que pocas naciones pueden presumir. El problema surge cuando a un estudiante se le imparta la carrera en un idioma que desconoce o un docente no pueda trabajar en una comunidad distinta a la suya por la cuestión de las lenguas. Aún está por ver cómo evoluciona la nueva situación que se vivirá a causa de la nueva ley y de qué manera afecta a los universitarios.
