Helena Masedo
HELENA MASEDO GARZÓN | Fotografía: Pexels
Las tres primeras semanas de octubre, marcadas por esa inquietud que subyace la sorpresa, han traído consigo grandes imprevistos. En primer lugar, Christa Pike, la mujer condenada a muerte en 1996 por asesinato y conspiración, ha obtenido el alta médica después de ocho días de ingreso hospitalario y dos inyecciones letales fallidas. Y, en segundo lugar, el secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, oficializó el pasado 8 de octubre el fusilamiento de Nidal Hasan, condenado a muerte tras el ataque de la base de Fort Hood (Texas) en 2009.
Ambos eventos han desestabilizado el paradigma social estadounidense. También el internacional, pero sobre todo el estadounidense. Tal vez se deba a que las declaraciones de Trump, una vez más, no fueron demasiado afortunadas. Comentarios como «No debería ser tan difícil» o «[La ejecución de Pike] no debió fallar» se repiten en su cuenta de X. Y, con relación al fusilamiento de Hasan, cabe destacar que el propio presidente formalizó su aprobación. No han faltado las réplicas y la pluralidad de opiniones.
A estas alturas, reabrir el debate ético sobre la pena de muerte implica recorrer demasiadas trincheras. Esta práctica se atiene a una serie de políticas, valores y creencias, pero también a la tradición histórica del país en cuestión o, incluso, de su religión. En la actualidad, más de 110 países han abolido esta praxis. En gran medida, el Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) facilitó esta labor. Sin embargo, anular la pena de muerte por completo tampoco es tarea fácil. Tal vez por ello hay quien defiende su supervivencia.
La sociedad, desde sus orígenes, se ha adiestrado en base al dolor y al castigo. Todo delito, mayor o menor, conlleva una condena. Y, en los casos anteriormente citados, la muerte se ha pretendido saldar con más muerte. No obstante, la historia ha demostrado que la esclavitud no doblega el alma de un hombre, que la corona no calma el hambre del tirano y que derramar sangre no devuelve el pulso. La persistencia de esta práctica revela una verdad más oscura: no se ejecuta por justicia, sino por el consuelo de la venganza. Por eso resulta en vano defender la rehabilitación del hombre mientras se le niega el derecho a tener también un mañana.
Porque saldar deudas con venganza resulta injusto. Nadie cuestiona la necesidad de castigar a quien comete un delito; la memoria de las víctimas exige severidad. Pero resulta un anacronismo que en pleno siglo XXI recurramos a la primitiva lógica del «ojo por ojo» con tal de saciar el dolor. Responder a la sangre con más muerte es admitir que nuestros valores actuales no son mejores que los de hace miles de años.
Por eso, tal vez, Robert Rule se ha convertido para mí en un ejemplo. Padre de una joven asesinada, Rule le concedió el perdón al hombre que mató a su hija. El propio convicto rompió a llorar ante un tribunal y decenas de reporteros, tal vez a sabiendas de que merecía la pena capital. Se libró por piedad de Rule, o por la suya propia.
La sociedad debe aprender a olvidar su historia y adiestrarse en un nuevo precepto: superar la lógica del castigo basada en el dolor. Porque, en tal caso, saldaremos deudas con tal de proteger la intergridad de una sociedad que ya no se conforma con el consuelo primitivo de la venganza. Todos, alguna vez en nuestra vida, caminaremos por un infierno. Es cosa nuestra decidir si nos quedamos o no con un trozo de carbón ardiendo en el pecho.
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