ANTONIO RUBIO MARTÍNEZ | Fotografía: Pixabay |
Durante cerca de diez años se han estado interviniendo correos y llamadas entre empleados del banco BBVA y periodistas. Esto ha aparecido en el sumario del caso Villarejo. la Asociación de Periodistas de Información Económica, la Asociación de la Prensa de Madrid y la Federación de Asociaciones de Periodistas de España lo han denunciado en un comunicado conjunto. Las asociaciones de prensa lo consideran ‘un ataque a la libertad de acceso a las fuentes’. Además de a la libertad de expresión y el derecho a ser informado.
Según las asociaciones, esta forma de actuar es un riesgo para las relaciones entre los medios de comunicación y las empresas, influyendo en la información consumida por lectores, inversores y accionistas. Los denunciantes confían en la Justicia para determinar las responsabilidades derivadas de este caso.
También exigen a las compañías que respeten a los periodistas y su trabajo. Además,
piden a los directores de comunicación de estas que se mantengan vigilantes
ante estas prácticas. Según
moncloa.com,
se intervinieron más de 15.000 llamadas y se pincharon cerca de 4.000 teléfonos.El caso Villarejo comenzó en 2018, cuando se supo que el banco BBVA pagó unos cinco millones de euros a Cenyt. Esta empresa pertenecía al ex comisario de policía José Manuel Villarejo. Sin embargo, el inicio de la trama data del año 2004. Dicho año, la empresa Sacyr intentó hacerse con el control de BBVA con objetivo de lograr la destitución de su presidente, Francisco Gonzalez.
La entidad bancaria transmitió, por su parte, el respeto por la labor que desempeñan en la sociedad los medios a través de un comunicado. También incluyó su rechazo hacia todas aquellas actividades que atenten contra cualquier derecho fundamental, como contra la libertad de expresión y de información. BBVA se ha defendido contra las acusaciones apelando a su necesidad de mecanismos de control que hagan cumplir las leyes de políticas y procedimientos internos.
La empresa ha manifestado que es necesario diferenciar estos mecanismos de control de cualquier acto ilegal como espiar a sus empleados. Defiende que las prácticas y los mecanismos que emplean son ‘perfectamente legítimos, siguen su correspondiente procedimiento. Están recogidos en el código de conducta y las normas internas, a las que están sujetos todos los empleados’.
