Ainara Álvarez González | Fotografía: Pixabay |
En muchas ciudades del mundo, con altas tasas de urbanización y crecimiento demográfico, la crisis inmobiliaria se ha convertido en uno de los problemas más notorios. La falta de acceso a una vivienda adecuada y digna es una cuestión económica, de derechos humanos, de justicia social y de desarrollo urbano sostenible. Una crisis que afecta a millones de personas, especialmente a aquellos que se encuentran entre los grupos más vulnerables de la sociedad.
La vivienda es mucho más que una necesidad básica, es un espacio donde se construyen las vidas, las familias, las relaciones y los sueños. Sin embargo, en la actualidad, para muchos, la vivienda se ha convertido en un bien inalcanzable. El aumento de precios hace inaccesibles las viviendas para personas con ingresos bajos y medios, obligándolas a desplazarse a barrios marginales o vivir en hacinamiento.
Además, la llegada de clases altas a barrios antiguos tiende a provocar precios más altos, obligando a los residentes a trasladarse a zonas periféricas con precios más baratos. Esto genera que muchas personas pierdan sus comunidades y tengan que adaptarse a nuevos entornos con menos oportunidades de empleo, servicios o infraestructuras.
La crisis de la vivienda afecta profundamente a la salud mental y física de las personas, a su bienestar general y su estabilidad económica. Las familias que viven en barrios marginales o precarios carecen de acceso a servicios básicos como agua potable, electricidad o transporte público.
Asimismo, muchas personas se ven obligadas a destinar gran parte de sus ingresos al alquiler o compra de vivienda, descuidando necesidades esenciales.
Ante esta crisis, la intervención del Estado se hace más necesaria que nunca. Los gobiernos deben ser los responsables de regular el mercado inmobiliario, ofrecer subsidios a quienes no pueden acceder a la vivienda, y promover la construcción de viviendas asequibles.
A su vez, las organizaciones de la sociedad civil y las comunidades afectadas también juegan un papel clave. La movilización social, la denuncia de abusos y la promoción de alternativas sostenibles y participativas son fundamentales para visibilizar la crisis y exigir soluciones efectivas.
Sin una solución integral que combine acceso a una vivienda con una distribución equitativa de los recursos y planificación urbana, esta crisis seguirá afectando a millones de personas.
