Ainara Álvarez González | Fotografía: Pexels |
La Constitución Española garantiza a todos los ciudadanos el derecho a la protección de la salud, un derecho que se encuentra regulado por la Ley General de Sanidad. Esta ley establece los principios fundamentales que sustentan a nuestro sistema de salud: universalidad de los servicios, la gratuidad de la atención y la descentralización política hacia las Comunidades Autónomas.
Sin embargo, más allá de los marcos legales, es imperativo recordar que la salud no debe considerarse un lujo o una mercancía, sino un derecho universal que solo puede ser garantizado mediante un sistema de salud eficaz y accesible para todos.
En esencia, la sanidad pública responde al principio de que la salud es un derecho y no un privilegio, que depende de la capacidad económica de cada individuo. En una sociedad que se considera equitativa, el acceso a los servicios médicos debe basarse únicamente en la necesidad de la atención y no en el poder adquisitivo. No podemos permitir que el bienestar de las personas este determinado por su estatus social o nivel de ingresos. Por tanto, la sanidad pública no es solo una cuestión de justicia social, sino también de dignidad humana.
Financiación y Gestión
No obstante, desde la crisis de 2008, la inversión en sanidad pública ha ido disminuyendo, lo que ha debilitado progresivamente el sistema de salud. Esta tendencia fue especialmente evidente durante la pandemia, cuando la atención sanitaria se vio completamente desbordada. A pesar de estar en medio de una emergencia global, los recursos destinados a la salud seguían siendo insuficientes. En los últimos años, la sanidad pública ha experimentado un aumento en las listas de espera, lo que ha provocado retrasos en los diagnósticos y una sobrecarga inhumana para los profesionales de la salud.
El sistema, además, se enfrenta a un grave problema derivado de la descentralización sanitaria. Aunque esta medida pretendía acercar la gestión de la salud a las Comunidades Autónomas, ha generado desigualdades en el acceso a la atención médica. Las diferencias en los recursos disponibles, tanto humanos como materiales, entre las distintas regiones del país han dado lugar a disparidades inaceptables en la calidad de la atención sanitaria. Un país como España, con un sistema constitucional que garantiza la igualdad, debería corregir con urgencia estas desigualdades.
Privatización del sistema
En paralelo, la privatización de los servicios y la externalización de la gestión ha sido objeto de críticas por parte de expertos y sindicatos del ámbito de la salud. La sanidad privada, al estar orientada al beneficio económico, genera una división entre aquellos que pueden permitirse el acceso a servicios rápidos y de calidad, y aquellos que dependen de la sanidad pública, a menudo con largas listas de espera.
Este modelo, que fragmenta el acceso a la atención médica, crea una situación de exclusión para las personas más vulnerables, quienes se ven, en muchos casos, obligadas a conformarse con una atención de inferior calidad o incluso sin acceso a la atención necesaria. La distinción entre los que pueden pagar y los que no es, sencillamente, inaceptable desde un punto de vista moral y social. La privatización de la salud no solo incrementa las desigualdades sociales, sino que, además, pone en peligro la cohesión social y el bienestar general.
Colapso de la atención primaria y la necesidad de reformas
Uno de los aspectos mas preocupantes el sistema sanitario publico es la situación de la atención primaria, que se encuentra al borde del colapso. El exceso de trabajo y la escasez de profesionales ha generado un retraso en la asignación de citas y han obligado a muchos pacientes a recurrir a los servicios de urgencias, sobrecargando aún más a los hospitales. A pesar de los esfuerzos para mejorar la atención primaria durante la pandemia, los recortes previos han dejado cicatrices profundas en el sistema, lo que dificulta su restauración y fortalecimiento.
La solución no pasa solo por aumentar la financiación, sino por realizar una reforma estructural que permita una mejor gestión de los recursos y una distribución más eficiente de la atención. Es necesario que tanto el gobierno central como las Comunidades Autónomas trabajen de manera coordinada para garantizar que todos los ciudadanos tengan acceso a una atención médica de calidad.
