HELENA MASEDO GARZÓN | Fotografía: Pixabay
Se estima que, en los próximos días, cerca de 300.000 estudiantes realizarán las Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU). Son momentos de nervios, de tensión y de algún que otro ceño fruncido. Algunos estudiantes frecuentan el documento que incluye las notas de corte varias veces a la semana, con la esperanza de que, quizá, la calificación de su plan de estudios haya caído. En diversos centros, incluso, se deja oír una expresión que, con los años, se ha vuelto habitual: «En nuestra comunidad, el examen es el más difícil».
Saber con exactitud qué prueba es la más compleja no es sencillo. Existen diversos factores que condicionan su desarrollo: nivel educativo por Comunidad Autónoma, tratamiento de las asignaturas, preparación académica del alumnado. Sin embargo, diversos estudios de El Español, RTVE o La Razón, apuntan a que existen disparidades en las pruebas. En su mayoría, señalan a la distribución del examen o a la formación de los alumnos. Esta diferencia se traduce en que tanto profesores como estudiantes denuncien el sistema de evaluación. Es entonces cuando también surge una cuestión: ¿debería ser la PAU igual en toda España?
Exigir un examen afín a todas las regiones sería la vía más justa de garantizar el acceso a las universidades de nuestro país. En las comunidades donde la PAU presenta un mayor nivel de exigencia, permitiría al alumnado acceder a mejores universidades sin que las regiones en las que el examen es más fácil —y donde, por tanto, las calificaciones finales tienden a ser más altas— les resten plazas. Las instituciones de Castilla y León y Madrid son algunas de las más prestigiosas de España y, en consecuencia, de las que más demanda concentran.
Otro de los aspectos negativos de no tener un examen común es validar el nivel educativo de todos los estudiantes. Muchos planes de estudios requieren de un elevado grado de conocimientos previo que los exámenes de la PAU no aseguran en todas los territorios. Estas exigencias se traducen en deserción universitaria y plazas vacantes que, tal vez, podrían haber sido ocupadas por otros alumnos mejor preparados. Por lo general, esta situación no aplica a los estudios con mayor calificación de admisión. Afecta, en cambio, a aquellos programas con las notas más bajas.
El derecho a la educación es innegable, pero debería supervisarse en qué contexto se desarrolla. Y es que, si bien es evidente que este sistema no es equitativo, todavía no existe una fecha, aunque sí intención, de establecer un examen común a todas las comunidades. Hasta que ese día llegue, los alumnos de toda España deberán hacer frente a sus respectivas pruebas y a la constante creencia de que su examen es el más complejo.
Dicho lo cual, solo queda desear suerte a todos aquellos estudiantes que este 2026 se vayan a presentar a las pruebas.
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