ESTÍBALIZ DOMOSTEGUI RUIZ | Fotografía: Pixabay
En la actualidad, ya no resulta sorprendente escuchar que un estudiante universitario o de máster, compagina sus estudios con un empleo a tiempo parcial o de fin de semana para poder pagar matrículas, transporte y alquiler, entre otros gastos. Esta realidad, que hace años eran casos excepcionales, se ha normalizado en gran medida. Sin embargo, que algo se haya convertido en habitual, no significa que deba dejar de ser cuestionado.
Cada estudiante vive experiencias vitales distintas, condicionadas por el entorno familiar, la situación económica y sus aspiraciones personales. Pero la cuestión de fondo merece una reflexión más profunda: ¿por qué hemos asumido como algo natural que una parte del alumnado deba desempeñar simultáneamente dos ocupaciones? ¿De dónde surge el tiempo necesario para cumplir con ambas responsabilidades? ¿Cuántos trabajan por verdadera necesidad económica y cuántos lo hacen para cubrir determinados gastos personales? Y, en el caso de quienes lo hacen por necesidad, ¿reciben el apoyo institucional adecuado? ¿Llegan realmente las ayudas a quienes más las necesitan?
No puede ignorarse que muchos jóvenes que compatibilizan estudio y empleo cuentan con escaso respaldo por parte de las instituciones educativas. En ocasiones, la imposibilidad de asistir regularmente a clase o de dedicar el mismo número de horas al estudio que otros compañeros, se traduce en un rendimiento académico inferior o incluso en la repetición de asignaturas. Ante esta situación, cabe preguntarse si les corresponde a las universidades y al profesorado ofrecer mayores márgenes de flexibilidad en la asistencia, en los plazos de entrega o en la evaluación, o si, por el contrario, deben mantener los criterios de evaluación para todos los alumnos de igual forma, sin tener en cuenta las necesidades específicas de estos, según el principio de que todos los estudiantes tienen los mismos derechos y obligaciones.
Todas estas interrogantes, rara vez encuentran respuestas claras o soluciones. Sin embargo, constituyen un ejercicio de reflexión necesario tanto para el alumnado como para el profesorado y las propias instituciones. Analizar esta realidad no implica simplificar la exigencia académica, sino replantear si el modelo actual responde de manera justa y equilibrada a las circunstancias de la sociedad y en concreto de estos estudiantes.
Paradójicamente, España es uno de los países europeos con menos estudiantes que trabajan mientras cursan estudios superiores. Este dato nos lleva a plantearnos una última cuestión: ¿se trata realmente de un problema estructural importante o es una percepción que nace de las dificultades que viven muchos jóvenes? Pensar en ello, no es solo formular una pregunta más, sino una oportunidad de reflexionar sobre el acceso a la universidad y la posibilidad de continuarlos sin problemas ajenos y la igualdad de oportunidades entre jóvenes que intentan labrarse un futuro.
