NOELIA GÓMEZ SÁNCHEZ | Fotografía: Pixabay |
La noticia del periódico El País sobre la maternidad infantil en Guatemala deja en evidencia la que se considera una de las crisis más impactantes y silenciadas de la región: miles de niñas están siendo obligadas a ser madres, la mayoría de las veces como resultado de violaciones. Entre 2018 y 2024, casi 15.000 menores de 15 años han dado a luz, según las cifras oficiales del Registro Nacional de las Personas (Renap). Pero, detrás de esos números se esconden historias de abuso, desprotección estatal y un país que sigue tipificando la violencia infantil.
Un problema estructural
La maternidad infantil en Guatemala no es un caso aislado, sino el espejo de un sistema que ha errado en la protección de sus niñas. La pobreza, la imposibilidad de acceso a la educación, los impedimentos en el sistema de salud y exención ante los delitos sexuales son circunstancias que empeoran la situación. En las colectividades rurales, donde la desinformación y la desigualdad son más notorias, las menores cuentan con todavía menos oportunidades de obtener ayuda.
Una de las características más alarmantes es la dificultad para llegar a la justicia. A pesar de que la ley guatemalteca sanciona la violación y el abuso sexual, las denuncias son escasas, y los procedimientos judiciales, lentos y nulos. En muchos casos, las niñas se ven en la obligación de convivir con sus agresores o incluso, casarse con ellos, una práctica que inmortaliza la violencia.
Rol del estado y la sociedad
El gobierno de Guatemala ha puesto en marcha programas para proteger la infancia, sin embargo, estos son insuficientes ante la dimensión del problema. La burocracia y la carencia de presupuesto complican la atención al completo de las víctimas. También, el poder acceder a unos servicios de salud sexual y reproductiva tiene un uso restringido, y el aborto continúa siendo ilegal, excepto en casos en los que la vida de la madre se encuentre en peligro.
El rol de la sociedad es fundamental. La estigmatización de las víctimas, la estandarización del abuso y la carencia de educación en derechos sexuales perpetúan en un procedimiento en el que las niñas no tienen otra opción que conformarse con su destino. Mientras estas praxis estén en vigor, Guatemala seguirá en deuda con sus menores.
Urgencia del cambio
Es clave que el Estado guatemalteco lleve a cabo medidas concretas y seguras para suprimir la violencia sexual infantil y asi asegurar el derecho de las niñas a vivir una infancia protegidas. Esto incorpora, también, reforzar los sistemas de justicia, incrementar la accesibilidad a la educación y la salud sexual y reproductiva, y crear conciencia social acerca de la magnitud del problema.
Guatemala no está en la condición de permitirse seguir normalizando la maternidad infantil. Cada niña forzada a ser madre es una demostración del fracaso de la sociedad y el Estado en defenderlas y apoyarlas. La deuda con ellas va en aumento y es el momento de saldarla con acciones positivas e inminentes.
