IKER SANSEGUNO HERNÁNDEZ | Fotografía: Wikimedia Commons
Las ciudades de Ceuta y Melilla son, desde hace años, una especie de frontera concentrada en pocos kilómetros. Lugares pequeños, pero donde se cruzan decisiones políticas, rutas migratorias y, en muchos casos, historias que empiezan mucho antes de llegar ahí.
Si uno mira los datos generales, la primera impresión puede llevar a engaño. Las llegadas irregulares a España han bajado bastante. En los primeros meses de 2026 se registraron algo más de 6.000, casi la mitad que el año anterior. Sobre el papel, parece una bajada clara de la presión. Pero ese dato, por sí solo, no cuenta toda la historia.
Porque no todas las rutas se comportan igual. Mientras algunas, como la de Canarias, han perdido intensidad, Ceuta y Melilla están viviendo justo lo contrario. En 2025, entre ambas sumaron cerca de 3.900 entradas, un aumento notable respecto al año anterior. Y en Ceuta, el arranque de 2026 ha sido especialmente intenso. Más de 1.600 personas en pocos meses. No es una subida puntual, sino un cambio en cómo y por dónde se está intentando llegar.
Detrás de ese movimiento hay decisiones concretas. España y la Unión Europea llevan tiempo reforzando la cooperación con países como Marruecos para frenar las llegadas antes de que alcancen territorio europeo. En 2025, por ejemplo, las autoridades marroquíes evitaron más de 73.000 intentos de cruce. Es una cifra alta que ayuda a entender por qué bajan las llegadas totales, pero también por qué aumentan en puntos muy concretos. Cuando una ruta se cierra, otra se activa.
En medio de todo esto, hay un aspecto que suele quedar en segundo plano, pero que es clave, y es el acceso al asilo. Sobre el papel, cualquier persona que llega tiene derecho a solicitar protección internacional. En la práctica, sin embargo, los datos muestran que muy pocas lo consiguen en Ceuta y Melilla. No es que el derecho no exista, es que ejercerlo resulta difícil en el momento y el lugar en el que más se necesita.
Y luego está el riesgo, que no desaparece aunque bajen las cifras globales. Intentar llegar a España sigue siendo peligroso. En 2025 murieron más de 3.000 personas en la frontera sur. Algunas lo hicieron en el mar, otras intentando bordear espigones o alcanzar la costa a nado. Son situaciones que se repiten, año tras año, con pocas variaciones.
Si se amplía el foco, el patrón se mantiene. En toda la Unión Europea, más de 200.000 personas entraron de forma irregular en 2024, y España sigue siendo uno de los principales puntos de acceso. Pero más allá de las cifras totales, lo que realmente marcan los datos es otra cosa. Cómo se mueven las rutas, dónde se concentra la presión en cada momento y qué ocurre con los derechos justo en esos lugares donde todo se vuelve más inmediato.
