Lorena Arias Duque | Fotografía de Freepik
El pasado 28 de septiembre comenzaron las negociaciones del Consejo de Justicia y Asuntos de Interior de la Unión Europea para la reforma del Pacto de Migración y Asilo.
En el encuentro, la mayoría de miembros votó a favor de la reelaboración del Reglamento de Crisis, la pieza final del Pacto y una de las prioridades señaladas por España, que ostenta ahora la presidencia del Consejo.
Las negociaciones sobre este punto culminaron el día 4 de octubre. La legislación resultante permitirá a los países de la UE, en una situación de crisis, adaptar sus obligaciones de asilo de migrantes y solicitar la solidaridad de otros Estados miembros.
Civiles y organizaciones denuncian que este pacto no protege a las personas que buscan refugio en Europa e impulsan la campaña #PactoConDerechos.
En total, son trece las organizaciones contrarias al acuerdo, que denuncian la penalización de su trabajo como equipos de salvamento y apoyo a los migrantes llegados a la Unión Europea. Así mismo, consideran que las vejaciones que éstos sufren en las zonas de tránsito se podrían evitar con una legislación más comprometida con los Derechos Humanos.
Desde Amnistía Internacional reclaman que este acuerdo «no refuerza la solidaridad de la Unión Europea, sino que debilita la legislación común», pues permitirá a muchos países eludir sus obligaciones con los solicitantes de asilo. Otras organizaciones exigen a los Estados miembros ciertos compromisos con estas personas, como la asistencia jurídica gratuita (Oxfam Intermón) o la protección de la infancia y la adolescencia (Save The Children).
Alianza por la Solidaridad-ActionAid Spain apela directamente a los grupos parlamentarios para que insten al Gobierno español a defender una política europea de asilo que sitúe en el centro a las personas y a los Derechos Humanos.
Amnistía Internacional ofrece los siguientes datos sobre las exigencias oficiales recopiladas por las trece organizaciones protestantes:
- Mecanismo de solidaridad con reubicaciones obligatorias.
- Condición de que no se incluyan derogaciones y excepciones a las normas de asilo europeas para la aprobación del Reglamento de crisis
- Rechazar la detención con finalidad de screening y los procedimientos de asilo y retorno en frontera.
- Mantener y reforzar los actuales criterios para determinación de “país seguro”.
- Introducir garantías para el respeto del principio de no devolución y salvaguardas en los procedimientos de asilo y retorno en frontera, incluyendo el rechazo a la ficción jurídica de “no entrada”.
- Promover la ampliación de vías legales y seguras y asumir mayores compromisos en materia de reasentamiento.
Las trece organizaciones firmantes son:
- Alianza por la Solidaridad-ActionAid Spain
- Amnistía Internacional
- Andalucía Acoge
- Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR)
- Fundación Entreculturas
- La Coordinadora de Organizaciones para el Desarrollo – España
- Oxfam Intermón
- Red Acoge
- Médicos Sin Fronteras
- Movimiento por la Paz, MPDL
- Salud por Derecho
- Save the Children
- Asociación Rumiñahui
