SARA UÑA SAAVEDRA | Fotografías: Sara Uña
“El trabajo con personas refugiadas va mucho más allá de ese primer momento de acogida, la intervención de todos es imprescindible”, si alguna vez nos hemos preguntado qué podemos hacer las palabras de Amapola Blasco nos lo explicaron: la responsabilidad es global y es necesaria la colaboración de todos para mejorar la situación actual de los refugiados. En esa línea de colaboración colectiva se centró una nueva edición de Diálogos UVa, en esta ocasión bajo el título de “Refugiados, el rostro del desamparo. Un problema de todos”, que tuvo lugar la pasada semana en el Museo de la Universidad de Valladolid (MUVa) del Edificio Rector Tejerina.
La mañana sobre aciertos y fallos en relación a los refugiados comenzaba después de lo previsto, con la participación de Daniel Miguel San José, rector de la Universidad de Valladolid, quien fue el encargado de iniciar el programa con la bienvenida y presentación de los participantes, seguida del agradecimiento a todos ellos.
A continuación, tomó la palabra Amapola Blasco Marhuenda, subdirectora General adjunta de Integración de los Inmigrantes de la Secretaría General de Inmigración y Emigración del Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Antes de comenzar aclaró que iba a adaptar su discurso a un público que esperaba mayoritariamente de estudiantes pero que contó con un aforo variado y en su mayoría formado por profesionales del sector de las entidades sociales. Amapola, con una trayectoria de once años en inmigración y asilo, planteó cuáles han sido los cambios en los últimos cinco años en materia de inmigración y asilo y en qué consiste la Protección Internacional.
REFUGIADOS Y PROTECCIÓN INTERNACIONAL
La Protección Internacional, explicó la ponente, incluye el derecho al asilo y la protección subsidiaria, y es primario el diferenciar entre ambos derechos. El derecho al asilo lo obtendrán las personas consideradas como refugiadas, entendiendo por tal no estrictamente a una persona que venga de un conflicto, sino que se considera refugiado a toda persona que tenga un temor fundado a ser perseguida por cuestión de raza, sexo, religión, pertenencia a un grupo, opiniones políticas u orientación sexual.
Hay personas que pueden no cumplir con alguno de los requisitos para ser beneficiarios del derecho al asilo pero, por tener algún temor fundado a regresar a su país por miedo a sufrir daños graves (pena de muerte, torturas, trato degradante, un conflicto generalizado…) la ley les proporciona una protección subsidiaria que le otorga el derecho a permanecer en España, a no ser expulsado, a contar con un permiso de residencia y trabajo, etc. Además, tiene derecho a una protección social.
En España la protección internacional está recogida en la Ley reguladora del derecho de asilo y de la protección subsidiaria.
SISTEMA DE ACOGIDA ESPAÑOL
Las competencias en el sistema de asilo están distribuidas entre dos ministerios: el Ministerio de Empleo y Seguridad Social y el Ministerio del Interior. Este último es el que tiene asignado las competencias para toda la tramitación de solicitudes de protección internacional, en la Unidad de Asilo y Refugio. Se estudia cada caso en su contexto individual, para llegar a una decisión última tomada por el director general de protección internacional, previa consulta con una comisión interministerial en la que participan varios ministerios.
Amapola Blasco indica que cuando una persona en España solicita Protección Internacional legalmente no solicita asilo, será en la resolución final cuando se le conceda asilo o protección subsidiaria. A partir de la solicitud el derecho establece que el estado debe conceder al solicitante un asilo y una serie de prestaciones.
Las personas que pueden entrar en el Sistema de Acogida Estatal son de varios tipos: Las personas que espontáneamente entran en territorio Español por la frontera y dicen que quieren solicitar Protección Internacional, principalmente a través de los aeropuertos de Barajas y de El Prat y por las fronteras de Ceuta y Melilla; las personas a las que se le aplica el Reglamento de Dublín ( reglamento europeo que establece que cuando una persona entra por el territorio de un estado miembro es ese territorio el encargado de tramitar su solicitud de Protección internacional. De manera que, si una persona,por ejemplo, solicita la protección en un país de la Unión pero se demuestra que entró por otro, independientemente de la brevedad de su paso por el país, se le devolverá al país inicial para que tramite su solicitud y, por lo tanto, para darle acogida y las prestaciones sociales que le correspondan); las incluidas en los Programas de Reubicación; las incluidas en los Programas de Reasentamiento; y las solicitantes/beneficiarias del Estatuto de Apátrida.
La red de acogida estatal se configura como un sistema mixto que cuenta con, por un lado, recursos de acogida que gestiona el Estado directamente (4 centros de acogida en España, con 412 plazas) y, por otro, con entidades sin ánimo de lucro que trabajan en colaboración con el Ministerio, tanto con presupuesto propio como con presupuestos europeos del Fondo Social Europeo: Cruz Roja, CEAR, ACCEM, Red Acoge, Apip-Acam, Dianova, La Merced, Provivienda.
“En el desarrollo del sistema siempre se cuenta con la participación de esos colaboradores, no es un trabajo de imposición del Ministerio, sino que es un trabajo colaborativo”, señala la ponente además de definirlo como “un sistema siempre vivo”, en continuo movimiento para adaptarse a una realidad tan cambiante que les ha obligado a virar y responder a los nuevos perfiles de usuario y a las nuevas situaciones.
ITINERARIOS INDIVIDUALIZADOS DE INTEGRACIÓN
El itinerario de integración es específico para cada refugiado y se define en función de su situación. El proceso general, con una duración de 18 meses, está dividido en tres fases: primero se evalúan las necesidades del refugiado en función de su situación y se le proporciona una acogida temporal; después son ellos quienes toman la responsabilidad, con apoyo económico y el seguimiento de un equipo de intervención, de gestionar todo lo que tiene que ver con su alojamiento, manutención, etc; y, en una última fase, cuando dejan de percibir las ayudas, solo reciben apoyos puntuales y se presupone la autonomía del refugiado. Este proceso se incrementa a 24 meses en el caso de los refugiados vulnerables.
Sin embargo, esos meses “no son suficientes para el solicitante de asilo actual porque los refugiados sirios, desde la segunda mitad del 2016, llegan con una situación de salud y personal muy delicada, vulnerable, atroz”, según explicaba Amapola Blasco.
PRESTACIONES
Además del alojamiento y manutención y de las ayudas económicas antes citadas, el proceso incluye otras prestaciones sociales como formación y orientación social, acompañamiento por las entidades sociales durante todo el itinerario, atención psicológica y jurídica, traducción e interpretación y empleo, fundamental para la integración sociolaboral del refugiado, objetivo último de todo el proceso.
Amapola Blasco dice que “no solo se trata de darles acogida sino de trabajar con ellas durante todo su proceso de integración. El trabajo con personas refugiadas va mucho más allá de ese primer momento de acogida, eso es temporal, y una vez salen de ese recurso de acogida la intervención de todos es imprescindible.”
La subdirectora general de Integración dio los datos de acogida de los últimos años y arguyó que todo el sistema pilota en torno a los recursos de asilo que posee el Estado, es decir, al número de plazas de acogida que puede ofrecer. Actualmente, 8533 personas están acogidas en estos recursos en España, con Andalucía como la comunidad autónoma que posee más plazas, diferenciada mucho de la siguiente, Madrid. Castilla y León se coloca en quinta posición.
En enero de 2015 se comenzó con 1625 plazas, un incremento notorio ya con relación a los diez últimos años, pero el despunte ha sido el último año hasta llegar a prever 4807 plazas a finales de este mes de febrero de 2017.
EL DEBATE
Tras la ponencia de Amapola Blasco Marhuenda se formó la mesa de debate moderada por Juan Fernández Miranda, Redactor-jefe de Nacional del periódico ABC, que contó con la participación de José Ramón González, Vicerrector de Relaciones Internacionales de la Universidad de Valladolid; Toni Bruel, coordinador general de Cruz Roja Española; Estrella Galán, secretaria general de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR); Marcos Benito, bombero voluntario de Valladolid que ha estado en varios campos de refugiados; Carlos Belmonte, inspector de la Brigada de Extranjería y Fronteras de la Policía Nacional; y Marah Rayan, refugiada palestina afincada en Salamanca.
Las intervenciones comenzaron con Marah Rayan, quien compartió su situación actual en España y sus experiencias como refugiada. La joven pasó la mayor parte de su vida en Siria como refugiada Palestina, hasta que llego a España como estudiante becada en Salamanca, donde realiza actualmente Comunicación Audiovisual. “En Siria no tenía derechos ni para dar la opinión, en España como estudiante es distinto a venir como refugiado, ahora tengo más derechos”. Sin embargo, sí cree que en España hay estigma con los refugiados “como en todos los países”. Marah colabora especialmente con Cruz Roja y destacó que lo más importante del proceso de integración es el tratamiento humano.
Marcos Benito ha pasado por los lugares más mediáticos en cuanto a ayuda humanitaria: en 2010 estuvo en Haití y en diciembre de 2015 se trasladó hasta Lesbos con una ONG de bomberos a trabajar en primera línea de vigilancia de las embarcaciones que llegaban a la isla griega. “Lo fundamental es darles un primer saludo de cariño, no como Europa está respondiendo”; aseguró que algunos sirios les reconocían que esa era la primera vez que los sonreían desde que habían salido de casa. Tras el tratado de Turquía, cambió Lesbos por Idomeni y dice que la situación allí era muy distinta: “ya no llegaban con alegría y esperanza sino con desesperación y horror por la frontera cerrada. Lo que quedaba en los campamentos de Idomeni era ver las horas pasar sin esperanza y sin futuro.”
Las políticas europeas fueron el eje del discurso de Estrella Galán, a las que apuntó como las responsables de la crisis: “desde los 90, en la Unión Europea se han dedicado a fortalecer el perímetro externo y a blindar Europa sin tener en cuenta lo que estaba sucediendo en el exterior”, además señaló que esta crisis es la punta del iceberg de otros conflictos olvidados de África y que en estos años políticos “es hora de decir que somos también responsables de este gran drama que estamos sufriendo”. Estrella expuso las tres grandes medidas que ha llevado a cabo la Unión en materia de refugiados: la reubicación y asentamiento; el acuerdo “ilegal y que vulnera los derechos humanos” entre la UE y Turquía; y “convertir a Grecia en el gran campo de refugiados de la UE”, medida que calificó como realizada por la puerta de atrás. Defendió que la solución al problema son las vías legales y seguras, carentes en la actualidad.
Carlos Belmonte, por su parte, explicó la labor de la Brigada Policial en los puntos calientes del problema migratorio (sur de Italia, Grecia, sur de España y Canarias), que consiste en la recepción humanitaria de los inmigrantes rescatados que llegan a suelo europeo y de desplegar los medios personales y materiales con el objetivo de salvar vidas.
Por último, José Ramón González indicó que el papel de la Universidad es dar buena información a los estudiantes, lo que se lleva a cabo en dos direcciones: con iniciativas concretas por parte de la UVa, y, fundamentalmente, con la difusión y puesta en conocimiento en la comunidad universitaria del drama, con el objetivo de “trabajar para cambiar los estereotipos sobre refugiados y la situación de emergencia humanitaria”.
El debate abordó varios temas puestos sobre la mesa como el estigma, las mafias, o las actuaciones institucionales, y se pueden destacar ideas como la de que aún hay mucho por mejorar en cuanto al estigma social frente a los refugiados, que se necesita más información, que la comprensión y la tolerancia comienzan por exigir a las autoridades responsabilidad por sus discursos políticos sobre el miedo y que el trabajo de conciencia ha de ser especialmente dirigido a los jóvenes, a los estudiantes.
Una ronda de preguntas entre los asistentes al evento cerró esta edición de “Diálogos UVa”, planteada con la pretensión de acercar a la Universidad la realidad actual de los refugiados en España y, como señalaba al inicio el rector, “que entre todos contribuyamos a configurar una sociedad más igualitaria y comprometida”.
