IKER SANSEGUNDO HERNÁNDEZ | Fotografía: Wikimedia Commons
Desde que el Gobierno de Colombia y las FARC firmaron el acuerdo de paz en 2016, han sido asesinados 1.921 defensores de derechos humanos en casi todo el territorio colombiano. En lo que va de 2026, ya son 31 las víctimas.
La primera fue Jorge Luis Burgos, conocido como «El Profe». Le arrebataron la vida el 7 de enero de este año en el corregimiento de Tres Palmas, municipio de Montería. Durante décadas había enseñado religión a los niños de esa comunidad rural de Córdoba. Su cuerpo presentaba signos de tortura y estrangulamiento. Las autoridades apuntaron inicialmente a un suicidio.
El 13 de febrero le tocó a Luz Stella Restrepo Londoño, profesora y lideresa social en Puerto Berrío, Antioquia. Dos hombres la atacaron con un cuchillo cuando regresaba a casa. La primera hipótesis fue un robo, pero la investigación la descartó, puesto que sus pertenencias estaban intactas.
En Arauca, a finales de enero, hombres armados interceptaron el vehículo de Rhonald Sneyder Trujillo Guevara en la Ruta de los Libertadores y lo asesinaron. Días después, el 10 de febrero, aparecieron los cuerpos de los hermanos Pedro y Juan Carlos Murcia Valverde, afrodescendientes y líderes de la comunidad El Botalón, en Tame. Llevaban secuestrados desde marzo de 2025, presuntamente por el ELN.
Detrás de cada uno de estos crímenes hay un patrón que se repite desde hace una década. Según Indepaz, en 2025 fueron asesinados 187 líderes sociales, una cifra que se ha mantenido casi constante desde 2022. La mayoría pertenecían a comunidades étnicas, lo que, según el representante de la ONU en Colombia, Scott Campbell, hace que el impacto sea desproporcionado: los pueblos indígenas representan solo el 4 % de la población colombiana.
En 2026 las víctimas incluyen líderes comunales, activistas afrodescendientes, ambientalistas, campesinos y políticos locales. Antioquia concentra el mayor número de casos, con siete homicidios, seguida de Cauca con cuatro. El contexto preelectoral agrava el riesgo: seis de los asesinados este año ejercían cargos políticos, en unas semanas en que la Defensoría del Pueblo ha alertado de un clima de violencia e intimidación en varios municipios
La impunidad alimenta el ciclo. En Arauca, solo el 4 % de los asesinatos de líderes sociales registrados entre 2002 y 2024 ha llegado a una sentencia condenatoria. A nivel nacional, desde 2022 únicamente el 6 % de estos crímenes ha obtenido condena, según la ONU.
Grupos como el Clan del Golfo, con unos 9.000 miembros y actualmente en negociaciones con el Gobierno colombiano en Catar, están presentes en varias de las zonas donde se producen los ataques. Colombia lleva siete años consecutivos como el país con más asesinatos de defensores del medioambiente y derechos humanos del mundo, según la organización Front Line Defenders. La ONU ha advertido que, sin medidas estructurales urgentes, las muertes continuarán.
