ESTÍBALIZ DOMOSTEGUI RUIZ | Fotografía: Estíbaliz Domostegui
La sanidad pública en España es uno de los pilares del bienestar y en los últimos años, su funcionamiento está generando cada vez más preocupación. Lo que debería ser un derecho básico garantizado, el acceso a la salud, no funciona correctamente. La falta de personal sanitario, el aumento de las listas de espera, las huelgas médicas y la escasez de recursos están poniendo en cuestión la calidad del sistema.
Uno de los problemas más evidentes es la falta de especialistas. En algunas comunidades autónomas, el número de médicos por habitante está por debajo de la media nacional. Por ejemplo, hay regiones con solo 3,4 médicos por cada 1.000 habitantes frente a los 3,7 de media, lo que provoca una sobrecarga asistencial constante. Esta situación afecta especialmente a la atención primaria, donde los profesionales atienden a un número excesivo de pacientes al día, reduciendo el tiempo y la calidad de cada consulta.
A esta falta de personal se suma un problema estructural que son las condiciones laborales a las que están sometidos con jornadas largas, guardias mal remuneradas y una gran presión, que han llevado a muchos médicos a abandonar el sistema público o incluso a emigrar a otros países con mejores condiciones y oportunidades. Desde junio de 2025, los médicos han protagonizado múltiples jornadas de huelga, acumulando ya unos 20 días de paros hasta 2026. Estas protestas no solo reflejan el malestar del sector, sino también un sistema que no está respondiendo a sus necesidades.
Las consecuencias de estas huelgas son visibles. Se han llegado a cancelar millones de citas médicas en toda España, afectando directamente a los pacientes. En algunos casos concretos, como en la Comunidad Valenciana, más de 200.000 pacientes se han visto perjudicados, con decenas de miles de consultas, pruebas y cirugías suspendidas. Esto no solo retrasa diagnósticos y tratamientos, sino que puede empeorar el estado de salud de muchas personas.
Otro de los grandes problemas es la falta de recursos. No todas las comunidades invierten lo mismo en sanidad, lo que genera desigualdades territoriales. Algunas regiones reciben menos financiación por habitante, lo que limita la calidad de los servicios y el acceso a especialistas. Esta diferencia en la inversión provoca que el derecho a la salud no se garantice de la misma manera en todo el país, lo que entra en conflicto con el principio de igualdad. Las listas de espera también indican el deterioro del sistema. En algunas comunidades, más de un millón de personas están esperando para ser atendidas por un especialista o someterse a una operación. Además, en ciertos casos, los tiempos de espera para intervenciones quirúrgicas han llegado a aumentar hasta un 50%.
Todo esto plantea una cuestión fundamental: ¿se está garantizando realmente el derecho a la salud? La sanidad no es solo un servicio, sino un derecho humano reconocido. Cuando una persona no puede acceder a un médico a tiempo, cuando una operación se retrasa durante meses o cuando no hay suficientes profesionales para atender la demanda, ese derecho deja de cumplirse plenamente.
Además, el sistema actual muestra una tendencia preocupante hacia la saturación. La combinación de falta de personal, recursos limitados y una demanda creciente está llevando al sistema al límite. En este contexto, algunos pacientes optan por acudir a la sanidad privada, lo que aumenta aún más la desigualdad entre quienes pueden permitírselo y quienes no. La situación actual de la sanidad en España refleja un problema muy complejo que va más allá de la gestión. Se trata de garantizar un derecho fundamental en condiciones de igualdad y calidad, algo que hoy en día está cada vez más cuestionado por la realidad del sistema sanitario.
