Luis González Carpizo | fotografía: Pixabay
Se acerca la 2ª vuelta de las elecciones de Brasil. En ellas confluyen dos candidatos con cierto pasado común. Hace 4 años, la candidatura de Lula Da Silva se veía truncada e imposibilitada debido a la entrada en prisión de este. Esto se daba tras el comienzo de un proceso judicial a miembros del Partido de los Trabajadores (PT). Lo que comenzó con el impeachment (juicio político) de Dilma Rousseff, que acabó con la salida de la presidencia de esta, desató un proceso judicial cuestionable denominado “Operación Lava Jato”.
La operación judicial a cargo del juez Sergio Moro se concibió en origen como un ataque a la corrupción del país latino, pero su trasfondo era mucho más profundo y turbulento. En el fondo se trataba de una operación de corte político con un objetivo claro: acabar con la carrera política de Lula Da Silva. La operación finalizó con Lula en prisión con dos condenas por corrupción y lo que parecía un éxito en la operación para acabar con Lula.
Como bien sabemos, en la mafia los favores se pagan. Tras la victoria de Bolsonaro el Juez Moro se convertía en nuevo ministro de Justicia de Brasil. Mientras que Lula abría un proceso en el que obtendría una serie de victorias clave que finalizaron con la absolución por parte del tribunal supremo de ambos cargos. Además, sumaba como victoria la declaración por parte del mismo tribunal que reconocía que la actuación judicial a cargo de Sergio Moro había sido parcial.
Este es un claro caso de la mala praxis judicial denominada lawfare (o Guerra Jurídica). Pero, ¿qué es el lawfare? Si acudimos a su raíz etimológica encontramos que proviene de law (ley) y warfare (guerra o conflicto). Pero si acudimos a efectos prácticos podemos definir lawfare como una técnica de desprestigio y criminalización de una figura política a través de una guerra judicial-mediática. En dicho conflicto se desarrolla a través de la colaboración entre el poder mediático y el poder judicial. A través de esta colaboración se logra acabar con la carrera política de un candidato o partido de corte, generalmente, progresista. Este proceso puede implicar el ingreso en prisión del candidato. El fin último de estas tácticas es el de desalojar del cargo o evitar la candidatura de un actor político determinado.
La lucha conjunta de medios de comunicación junto a la judicatura hace no solo que el candidato pueda acabar en prisión (o al menos se le impida presentar candidatura) sino que la sociedad vea con buenos ojos las acciones emprendidas desde la judicatura y el desprestigio social del candidato sea total.
Otro de los denominadores comunes en casos de lawfare es la corrupción como telón de fondo. La corrupción es algo muy presente en los sistemas políticos latinoamericanos (es en latinoamérica donde proliferan mayormente los casos de lawfare) por ende es una excusa más que creíble a la hora de condenar. A mayores, la corrupción es un mal que genera consenso social respecto a su rechazo. La sociedad en su conjunto rechaza abiertamente la corrupción. En general cualquier individuo, cuyos intereses no pasen por ejercer o ser partícipe de dicha corrupción, rechaza la existencia de la corrupción política. Es por esto que es una excusa perfecta para el desprestigio de un candidato. Nadie votaría ni apoyaría a un candidato implicado en tramas de corrupción.
Por último, la participación en mayor o menor medida de agentes internacionales (EEUU), que ven comprometidos sus intereses si el candidato al que se pretende atacar sale elegido, es otra de las características del lawfare.
