DANIEL ALONSO REDONDO | Fotografía: Pixabay |
El periodismo puede adoptar multitud de caras. Desde las más conocidas, como el periodismo deportivo o el periodismo de guerra, las más cotidianas, como el periodismo local y de sucesos, hasta las más actuales, como el periodismo lento; todas comparten un denominador común, el trabajo periodístico.
Como consecuencia, todas las modalidades de la profesión periodística tienen como elemento principal de su esencia una inamovible, la idea del periodismo como vigilante del cuarto poder.
Desde los inicios del periodismo como profesión en la modernidad, es inevitable pensar en él sin tener en cuenta su función de vigilancia a los grandes poderes. El trabajo de los periodistas puede cubrir múltiples facetas, pero nunca puede olvidar su pilar fundamental, cubrir las espaldas de la población ante los abusos de poder.
En España, por desgracia, desde los inicios de la etapa democrática, se han deslumbrado a través de los medios de comunicación numerosos casos de corrupción, no solo por parte de los diferentes gobiernos (que también) sino de otros poderes como el financiero o el empresarial. Estos son algunos de los casos de corrupción destapados en nuestro país a través del periodismo de investigación:
Caso GAL
El proceso de investigación sobre los Grupos Antiterroristas de Antiliberación (la guerra sucia contra ETA por parte del gobierno de Felipe González) fue y es uno de los más relevantes en nuestro país. Participaron muchos periodistas, aunque quienes iniciaron la investigación fueron Ricardo Arques (Deia y Diario 16) y Melchor Miralles (Diario 16).
La primera mención del caso GAL en medios ocurrió el día 17 de octubre de 1983, aunque la investigación no comenzó hasta el mes de mayo de 1987. En este momento, Ricardo Arques recibió una llamada en la redacción de deportes del Deia por parte de ‘Garganta profunda’, miembro de la cúpula de los GAL.
La investigación del caso sacudió los cimientos del gobierno de Felipe González, que quedaría marcado por numerosos casos de corrupción. A su vez, tanto el ministro José Barrionuevo, como Rafael Vera, secretario de Estado de Seguridad, fueron condenados a 10 años. José Amedo y Michel Domínguez, ambos policías, también fueron condenados a 17 años de cárcel.
Caso Guerra
Otro de los casos de corrupción en los que se vio implicado el gobierno de Felipe González fue el Caso Guerra. Este caso de investigación comenzó a través de una filtración por parte de la ex mujer de Juan Guerra a Manuel Fraga, presidente del PP, que difundió los documentos a la revista Época. Su objetivo era mostrar a la población lo que ocurría realmente en el despacho de Juan Guerra a través de los medios de comunicación.
Juan Guerra, hermano del entonces vicepresidente Alfonso Guerra, fue contratado por el PSOE a finales de 1989 para trabajar en la Delegación del Gobierno de Andalucía como asistente de su hermano. Sin embargo, el despacho que ocupaba no era utilizado para el trabajo que fue asignado, sino para hacer negocios.
Finalmente, tanto Juan Guerra como su socio, José María Ramos Reina, fueron condenados por delitos de cohecho, fraude fiscal, tráfico de influencias, prevaricación, malversación de fondos y usurpación de funciones. El caso también afectó a miembros de la policía y otros hermanos de los Guerra.
A nivel político, su hermano se vio en la obligación de dimitir en 1991, lo que provocó la caída del gobierno de Felipe González, cuyo tercer mandato se vio desgastado por los numerosos casos de corrupción del partido. Además, se tipificó el delito por tráfico de influencias y se endureció el código penal para perseguir la corrupción.
Tarjetas Black
El escándalo de las tarjetas ‘black’ es uno de los casos de corrupción más recientes en nuestro país y uno de los que han marcado un precedente en nuestra historia política. El punto de partida del caso se sitúa en septiembre de 2009, con el cambio de Enrique de la Torre por Jesús Rodrigo en la secretaría del Consejo de Administración de Caja Madrid.
Un correo enviado por Miguel Blesa, presidente del Consejo de Administración, llega a manos de Belén Carreño, periodista de eldiario.es. En dicho correo, se recoge lo que cobra cada consejero y muestra que los gastos que realizaron 86 miembros de la dirección y el Consejo de Administración de Caja Madrid fueron gastos de tipo privado personal. Esta fue la chispa que inició la investigación en los medios españoles, primero eldiario.es y después El País, que ya en 1999 contó que algunos consejeros tenían tarjetas de crédito que utilizaban sin control.
El caso estalla en 2014. El Ministerio de Hacienda abre una investigación a los 86 implicados por haber gastado 15,2 millones de euros a lo largo de casi una década. En 2017, la Audiencia Nacional condena a Miguel Blesa y Rodrigo Rato a seis años y cuatro años y seis meses de prisión respectivamente.
En el contexto político de la época, aunque gobernara el Partido Popular, dentro de los implicados de las tarjetas ‘black’ no solo aparecieron políticos del PP, sino también del PSOE, IU y sindicalistas. En cuanto a las repercusiones para el gobierno de Rajoy, estas fueron nulas, ya que ganó otras elecciones y gobernó durante 7 años.
Caso Naseiro
En cuanto al Caso Naseiro, la investigación comenzó en noviembre de 1989, cuando el magistrado Luis Manglano autorizó la intervención telefónica del abogado Rafael Palop por supuesto tráfico de cocaína.
Sin embargo, al escuchar dichas llamadas se descubrió que Salvador Palop, hermano de Rafael y concejal del Ayuntamiento de Valencia; Rosendo Naseiro, secretario de finanzas del Partido Popular desde 1987; y otros cuatro empresarios, hacían referencia a negocios fraudulentos que tenían como finalidad la financiación del partido.
El 9 de abril de 1990, el magistrado Luis Manglano ordenó la detención de Rosendo Naseiro, Salvador Palop, tres empresarios y un arquitecto municipal. Estos fueron imputados por organizar una trama de concesión de licencias a empresas constructoras a cambio de comisiones que permitan financiar el PP.
En los medios de comunicación, la noticia apareció el 10 de abril de 1990, donde se narra la detención de los sospechosos. Los medios también recurrieron a fuentes policiales, fuentes cercanas al ámbito judicial e incluso testimonios de diferentes miembros del Partido Popular.
En junio de 1992, el Tribunal Supremo anuló las conversaciones telefónicas como prueba. La intervención de llamadas se consideró ilegal al vulnerar el derecho a la intimidad de los sospechosos. Finalmente, las acusaciones fueron retiradas y los imputados fueron absueltos el 15 de julio de ese mismo año.
El siguiente paso en la investigación al Partido Popular tuvo lugar casi 23 años después. El 5 de mayo de 2015, eldiario.es publicó los documentos de la contabilidad secreta del Partido Popular que Rosendo Naseiro había guardado desde los años 80.
Anteriormente, en 2014, Pablo Ruz, juez instructor del Caso Bárcenas y del Caso Gürtel, afirmó en su auto, aunque sin pruebas, que el PP se financiaba de forma opaca entre 1990 y 2008. La información que sacó a la luz eldiario.es, a parte confirmar las sospechas del magistrado, muestran que en el último cheque al portador se retiran 8.108.115 pesetas, cifra que coincide con la primera que se puede ver en los papeles de Bárcenas a través de un ingreso. La conexión con ambos casos sucede en este preciso momento, ya que dicho ingreso estaba firmado por Rosendo Naseiro.
