InformaUvaÓSCAR SAN JOSÉ HERRERO
Fotografía: Pixabay
La libertad, decía el conocido literato Baltasar Gracián, consiste en poder hacer lo que se debe hacer. No es la primera vez que ocurre y, muy probablemente, tampoco será la última: la Asociación de la Prensa de Valladolid (APV), integrada en la FAPE, ha vuelto a lanzar un comunicado en el que critica la medida impuesta por la SEMINCI de cobrar una cláusula por cada acreditación de prensa.
El comunicado se hizo público el pasado 15 de octubre en la página web de la APV y su repercusión fue inmediata. Su trascendencia se debe no solo a su contenido, sino también al hecho de que, con este, ya van cuatro años en los que esta impopular medida ha sido diana de las críticas de los periodistas vallisoletanos. El peso del festival, de reconocido prestigio nacional e internacional, es otro de los motivos que explican lo sonado del caso. También tiene importancia el cambio de color de la Alcaldía vallisoletana, producido este año, del que se esperaba diferente rumbo en la forma de entender y apoyar esta situación.
Los argumentos
La APV entiende esta medida como un “ataque contra uno de los principios básicos del periodismo, el derecho a un acceso libre a la información”, siempre desde el respeto al festival, al que se considera parte activa del patrimonio cultural de Valladolid.
Entre los argumentos que enarbolan en su protesta, cabe destacar el artículo 11 del Código Deontológico de la FAPE, que establece que el periodista “defenderá siempre el libre acceso a la información proveniente o generada por las Administraciones Públicas”. La SEMINCI, como entidad cultural financiada en buena medida por instituciones públicas, debería legitimar y facilitar este acceso, argumentan los periodistas de la ciudad. De no ser así, se estaría “sentando un precedente peligroso”, según Jorge Francés, presidente de la APV.
Francés se pone delante de los micrófonos de InformaUVa para contarnos su versión. Considera que, a través del comunicado, la APV desmonta los argumentos que la dirección de la muestra esgrime para mantener esta cláusula: “Ellos entienden que la atención a la prensa cuesta dinero y se venían dando abusos en años precedentes, además de que en todos los festivales se cobra”. Sin embargo, el presidente de la APV defiende que el acceso debe ser gratuito e insiste en que es el propio equipo de prensa de la SEMINCI quien debe “poner el filtro para evitar unos abusos que antes se daban por la falta de control”.
El equipo de prensa de la Semana Internacional del Cine de Valladolid, por su parte, también se mostró dispuesto a recibir a InformaUVa, pero a partir del 3 de noviembre por encontrarse “desbordados con los preparativos del festival”, en sus propias palabras. En ese momento, si se produce el encuentro, reflejaremos también su testimonio.
¿Cómo quedan las cosas?
Estos hechos, sin embargo, han puesto de manifiesto una realidad por el momento inalterable. La crítica lanzada desde la APV no ha tocado meta todavía. Por tanto, todo medio o profesional de la comunicación que desee transmitir desde la arena lo que está ocurriendo durante la 60º edición de la SEMINCI deberá abonar 30 euros. Esta cláusula, que se presenta como una forma más de cubrir gastos, da derecho a una cobertura completa, desde las proyecciones a las ruedas de prensa -estas últimas de libre acceso para todo aquel que quiera asistir-.
“La medida se ha notado en la cobertura, pues ahora hay un espacio menor”, asegura Francés, quien achaca la implantación de este canon a una mera cuestión de cuentas. A ello añade: “Nosotros seguiremos insistiendo, nos respalda la FAPE y creemos que la petición es lícita”.
Por su parte, la respuesta recibida del actual equipo de gobierno de la ciudad continúa en la misma dirección que años anteriores, pese al cambio producido en mayo.
La firmeza de los periodistas vallisoletanos no ha llevado, sin embargo, a que los medios locales dejen fuera de sus parrillas el festival. “Somos responsables y apoyamos a la SEMINCI. Ningún medio se ha planteado no cubrir el evento porque es de interés para la gente y, aun siendo un problema y existiendo una presión cada vez mayor, no es tan grande como para ir a los tribunales. Siempre optamos por el diálogo”, sentencia la APV.
