El objetivo de los partidos PP y Vox fue proteger el monumento Cruz de los Caídos de Cáceres
LAURA CUADRADO TUHRINSKA | Fotografía: Pixabay
La controversia entorno a la memoria histórica de España ha dado un giro y ha creado tensiones en el ámbito académico. Los historiadores César Rina (profesor de Historia Contemporánea en la UNED) y Miguel Ángel del Arco (catedrático en la Universidad de Granada) han acusado al gobierno de la Junta de Extremadura (formado por PP y Vox). Después de descontextualizar y tergiversar su trabajo. Todo esto, con el fin de declarar la Cruz de los Caídos de Cáceres como Bien de Interés Cultural.
El comienzo de todo: la Cruz de los Caídos de Cáceres
La construcción del monumento fue oficializada el 9 de septiembre de 1937, un años después del golde de Estado. Fue construido entre septiembre de 1937 y mayo de 1938, inaugurándose oficialmente el 11 de mayo de 1938 con la visita de Primo de Rivera. Fue levantada en la Plaza de América como homenaje a los caídos del bando franquista durante la Guerra Civil.
Las inscripciones originales incluían referencias al 18 de julio de 1936 con saludos a Franco y lemas del bando sublevado. Pero en 1984, el Ayuntamiento decidió retirar los lemas originales. Sustituyéndola por una placa genérica a los caídos a la ciudad.
Debido a estos cambios para retirar los símbolos en relación con la dictadura, el Gobierno regional creó un procedimiento para declarar la cruz como un bien de Interés Cultural.
La denuncia de los historiadores
La polémica no apareció de un año para otro, esta disputa lleva más de veinte años presente. En 2004, el ayuntamiento aprobó una propuesta presentada por la Izquierda Unida donde se contemplaba la retirada de la cruz para sustituirla por un monumento dedicado a la paz.
La disputa volvió a resurgir en abril de 2026, cuando los historiadores Rina y del Arco denunciaron a la Junta de Extremadura por uso de sus trabajos para defender ideas contrarias. La Junta aseguraba que estos estudios querían atribuir modernidad arquitectónica y un valor. Algo que los historiadores no defendían ni respaldaban.
La respuesta de la Junta de Extremadura
El Gobierno regional ha rechazado estas acusaciones, explicando que estos estudios han “sido citados como fuente documental rigurosa”. Además, la Junta explica que el expediente se encuentra a la espera de una decisión definitiva.














