Rubén Vega | Fotografía: Pixabay
Los medios de comunicación, como es lógico, siempre informan sobre los accidentes que se producen en un determinado lugar. Los de carretera, salvo casos excepcionales, se delimitan al territorio nacional de un país. Sin embargo, los aéreos tienen, o parecen tener, una trascendencia a nivel internacional. Un suceso así despliega mucha información, promulgada por muchos medios y procedentes de muchos países distintos. El Colegio Oficial de Pilotos de la Aviación Comercial (COPAC) ha elaborado un informe destinado a periodistas en el que se detallan los pasos a seguir para la elaboración de una información veraz, precisa y rigurosa.
“Para informar con rigor y trasladar a la opinión pública el alcance o gravedad de un suceso es importante conocer y utilizar los términos adecuados”, aconseja el COPAC. Es así que los términos “accidente” e “incidente” no tienen un mismo significado, ni son sinónimos. Lo mismo ocurre con “causas» y “factores contribuyentes”. En este sentido es aconsejable ser repetitivo utilizando un mismo sustantivo de forma correcta.
Una vez sucedido el accidente, el periodista tiene acceso a dos fuentes de carácter público. En una de ellas se hacen constar los nombres de las personas involucradas en un accidente o incidente, aunque depende de la legislación del país donde haya sucedido el altercado. Ante el caso de un fatalismo -de un accidente-, la Comisión de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación Civil (CIAIAC) realiza un informe con todas las conclusiones obtenidas sobre sus posibles causas. La investigación se realiza en el lugar de los hechos y contiene recursos fotográficos. En España, este organismo, que trabaja con independencia, traspasa la información directamente al Ministro de Fomento.
También es importante mencionar la OACI, el organismo de las Naciones Unidas en el que se contienen todas las leyes sobre la aviación. Se trata de una buena fuente para contrastar la legalidad de los indicios. La OACI, según su anexo número 13, realizará un informe “preliminar” dentro de los primeros 30 días desde que se produjo el accidente. A su vez puede resultar interesante el siguiente gráfico para comprender los informes que se publican conforme pasa el tiempo:
En su sección “Periodismo: ética y responsabilidad social” la COPAC recomienda un uso responsable de las filtraciones. Como admite, “cada vez es más más habitual que tras producirse un accidente aéreo, casi de manera inmediata circulen las denominadas conversaciones en cabina”. Teniendo en cuenta que el objetivo del periodismo es informar, y no desinformar, deben evitarse esas filtraciones siempre y cuando se traten de conversaciones que no estén contextualizadas y que puedan fomentar especulaciones y rumores.
En este contexto entra en juego el derecho a la intimidad del piloto fallecido respecto al uso de filtraciones. Queda injustificada toda difusión contraria a la recopilación de información para mejorar la seguridad aérea y evitar nuevas accidentes. Tal y como refleja el informe, se estaría violando la Ley de Seguridad Aérea.
Los medios de comunicación son responsables de qué y cómo hacer llegar los datos a la población. Pero también deben tener en cuenta la forma en que los familiares y amigos de las víctimas acojan la información. Se trata de un colectivo especialmente sensible al que se debe tener en todo momento en cuenta por su protagonismo. La forma de acercase a ellos debe ser respetuosa y cuidadosa y debe ser siempre ontológica y ética, tal y como recogen los códigos de la profesión. Por norma general, las familias serán avisadas de la catástrofe antes de que los organismos responsables elaboren los documentos públicos que antes se mencionaban. A modo de conclusión, en la siguiente tabla pueden verse todos aquellas determinaciones aconsejadas y desaconsejadas para informar correctamente sobre un accidente aéreo.
