Un paso más contra la mutilación genital femenina: Sudán anuncia su prohibición

ALICIA GALLEGO MENÉNDEZ  |  Fotografía: Wikimedia  |

Más de 200 millones de mujeres han sufrido alguna mutilación genital, según Unicef. Se calcula que cada año unos 3 millones de niñas son sometidas a ella. Pero, poco a poco, se avanza hacia la eliminación de esta práctica patriarcal de violencia de género. El último país en anunciar su prohibición ha sido Sudán, que en abril aprobó un borrador de ley para criminalizarla. Es un paso importante, ya que el 87% de mujeres sudanesas de entre 15 y 49 años han sido víctimas de la mutilación genital femenina (MGF), según las Naciones Unidas.

Desde la Organización Mundial de la Salud explican que dentro de esta práctica hay varios tipos, desde un corte hasta la extirpación total de los labios menores o mayores. En términos generales, lo son todas las ‘lesiones en los órganos genitales femeninos, por razones no médicas’. El objetivo con el que se realiza radica en el machismo y en la tradición.

La activista Amal Hussein respondía en una entrevista para El Salto que ‘se hace para responder a los mitos que giran en torno a la sexualidad de las mujeres’. Es decir, el ‘proteger a tu hija, que mañana se pueda casar o que no sufra rechazo social’, ponía como ejemplos. El borrador que ha firmado el gobierno de Sudán recoge penas de hasta tres años de cárcel para quien realice la mutilación. También multas y retiradas de licencias para el centro de salud donde ocurra.

La prohibición es un paso adelante en el camino hacia la igualdad, tras haber salido de la dictadura en la que se encontraban. El siguiente paso es garantizar que no ocurra. Porque, a pesar de estar penalizada, la MGF se sigue practicando de forma clandestina en muchos lugares. La consecuencia de esto es que se realiza en peores condiciones para la salud y las niñas corren un peligro aún mayor. Por ello, se necesita concienciación y sensibilización. Un ejemplo de esto son los colectivos de mujeres africanas que trabajan por erradicarlo desde la formación y la educación. Pero en ocasiones no cuentan con los suficientes apoyos por parte de los Estados.

La activista Faiza Mohamed explica a Reuters que ‘tener una ley contra la mutilación genital femenina actúa como un elemento disuasorio importante’. Aunque también afirma que  ‘Sudán puede enfrentar desafíos para hacer cumplir la legislación. Es posible que las personas que todavía creen en la ablación no denuncien casos o no actúen para detenerlo, cuando saben que está sucediendo’. La activista Siham Omar, añade que las penas también deben ser para ‘los padres que permiten que sus hijas sean sometidas a esta forma de violencia contra la mujer’.

La Unión Africana prohibió la MGF en 2016, en defensa del cumplimiento de la ‘Carta Africana de Derechos y Bienestar de la Infancia’ y del ‘Protocolo de Maputo’. Un estudio observacional publicado en la revista BMJ Global Healt en 2018 analiza que en el continente africano han reducido el número de prácticas durante los últimos 30 años, y así lo afirma también Unicef. Por el contrario, podrían estar aumentando en Asia, según el mismo informe.

Natalia Kanem, directora ejecutiva de la agencia de las Naciones Unidas para la salud sexual y reproductiva (UNFPA), muestra su preocupación ante la posibilidad de que, debido a la crisis actual y futura, el número de casos aumente. ‘Las familias pobres tienen más probabilidades de casar a sus hijas en tiempos de estrés económico, para aliviar la carga que supone cuidarlas’, declara. Se refiere al matrimonio infantil. Según Unicef, en ocasiones la mutilación genital femenina es incluso ‘un requisito previo’ exigido por el hombre para casarse. 

Además, desde varias organizaciones avisan de que la situación de confinamiento y de cierre de los colegios puede ser perjudicial para las niñas en riesgo de sufrirlo. Judy Gitayu, de Equality Now, afirma que ‘las escuelas suponen un canal para denunciar violaciones o amenazas’. Y ‘la pandemia ha bloqueado esta importante fuente de salvaguardia. Lo que seguramente se traducirá en una menor protección para las niñas y una menor responsabilidad para los autores del delito’, explica.